Mientras que una parada policial por acciones simples como el exceso de velocidad, un cambio de carril inseguro, o un faro roto puede ser solo un obstáculo fastidioso para la mayoría, para los inmigrantes indocumentados puede ser una situación altamente peligrosa, ya que enfrentan consecuencias extremas. Como resultado, muchos son agarrados en la carretera, detenidos, y eventualmente deportados de regreso a su país de origen en un proceso expedita y desagradable.
Una vez que un indocumentado es detenido, el oficial de policía puede ser notificado del estatus migratorio por la licencia de conducir, o la falta de ella. A partir de ahora, hay 12 estados que otorgan licencias de conducir a aquellos que no son ciudadanos estadounidenses. Para el resto de la nación, los inmigrantes indocumentados se ven obligados a conducir sin licencia para desplazarse al trabajo, ir a la escuela, hacer recados o incluso resolver emergencias inmediatas, como ir al hospital o recoger medicamentos de la farmacia.
Esta situación es difícil, ya que uno no puede ser un miembro productivo de la sociedad si no se le permite conducir un vehículo, haciendo del transporte uno de los temas más complicados que muchos inmigrantes enfrentan. Aquellos que están a favor de permitir que los inmigrantes ilegales obtengan una licencia de conducir argumentan que la seguridad pública mejoraría porque los inmigrantes indocumentados en cuestión se verían obligados a pasar pruebas de conducción y estar asegurados, eliminando así el riesgo por completo.
Sin embargo, algunas personas argumentan en contra de esto, afirmando que las licencias representan un privilegio al que los inmigrantes indocumentados no deberían tener acceso. En 2007, el Gobernador Eliot Spitzer ordenó la emisión de licencias a inmigrantes indocumentados, pero se vio obligado a retractar la orden debido a la reacción y presión que enfrentó.
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